La violencia sexual y el incesto

El incesto y la violencia sexual, ya sea intrafamiliar o extrafamiliar, constituyen una violación grave, sistémica y destructiva de los derechos fundamentales. Reconocidos por el Derecho internacional y penal como delitos de extrema gravedad, vulneran la integridad física y psicológica de las víctimas, ya sean menores, personas vulnerables o personas con discapacidad.

Los niños con discapacidad sufren de forma desproporcionada esta violencia: hasta el 68 % de las niñas y el 30 % de los niños con discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo sufrirán abusos sexuales antes de alcanzar la mayoría de edad (propuesta de reglamento europeo). En el caso de las mujeres autistas, un estudio francés (CNRS, Asociación Francófona de Mujeres Autistas) revela que nueve de cada diez ya han sufrido una agresión sexual, un intento de violación o una violación a lo largo de su vida.

Esta sobreexposición se explica por la mayor dependencia de los cuidadores para las actividades íntimas, el aislamiento relacional, las barreras de comunicación y el temor a que se invalide su testimonio.

El incesto supone una violación absoluta de la función protectora de la familia: abarca las agresiones, violaciones o abusos sexuales cometidos por un progenitor, un ascendiente, un pariente colateral o cualquier persona que ejerza autoridad de derecho o de hecho, aprovechándose de la confianza depositada en ella.

Aunque durante mucho tiempo estuvo ausente del Código Penal como tal, el concepto de incesto se incorporó a él con la ley de 14 de marzo de 2016: desde esta reforma, una violación o agresión sexual cometida contra un menor se califica de incestuosa siempre que su autor sea un ascendiente, un hermano, una hermana, un tío, una tía, un sobrino, una sobrina o el cónyuge de alguna de estas personas, siempre que ejerza sobre el menor una autoridad de derecho o de hecho.

No obstante, este avance sigue siendo parcial: los primos y primas no están incluidos, al no existir una prohibición legal del matrimonio entre ellos, y la ley no ha tipificado un delito autónomo, sino que añade una calificación agravante a la violación y a la agresión sexual, debiendo determinarse siempre la cuestión del consentimiento de la víctima, independientemente de su edad.

Las agresiones rara vez se basan en la fuerza bruta, sino en un proceso metódico:

• Abordar la dependencia emocional, material o física.
• La eliminación progresiva de los límites bajo el pretexto de los «juegos», la «ternura» o los cuidados.
• El silenciamiento de la palabra mediante el miedo, la vergüenza y el chantaje emocional («si hablas, la familia se rompe»).

En Europa, el Consejo de Europa estima que aproximadamente uno de cada cinco niños sufre algún tipo de violencia sexual durante su infancia. A nivel mundial, UNICEF (octubre de 2024) estima que 370 millones de niñas y mujeres actualmente vivas, es decir, una de cada ocho, han sufrido una violación o una agresión sexual antes de cumplir los 18 años, una cifra que asciende a 650 millones, es decir, una de cada cinco, si se incluye la violencia sin contacto físico (abuso verbal o en línea).

Las repercusiones son profundas y crónicas: trastornos psicológicos graves (estrés postraumático, depresión, conductas adictivas), somatizaciones físicas, alteración de la autoestima y dificultades duraderas para establecer relaciones de confianza.

Ante estos actos de violencia, la recuperación es posible: existen profesionales y servicios de apoyo, y ninguna víctima debería quedarse sola. Encontrarás los datos de contacto y los recursos en nuestra página «Denunciar y pedir ayuda».